Nuestra Iniciativa existe en un momento en el que la desconexión entre los derechos humanos y la política fiscal es crítica, lo que tiene múltiples consecuencias negativas que pueden agravarse en contextos de inestabilidad o crisis económica y frente a la adopción de medidas de austeridad fiscal. El problema, además, es particularmente grave en América Latina y el Caribe, una región marcada por la desigualdad, los índices de pobreza, las medidas de austeridad severas, la explotación subregulada de recursos naturales y la corrupción.
En este escenario, desde 2015, nuestra Iniciativa ha intentado impulsar el potencial que la política fiscal tiene para la realización de los derechos humanos. Para continuar con esa misión, en este 2022 que está por culminar, desarrollamos investigaciones, alianzas y acciones de incidencia de sumo valor para nuestro propósito:
Produjimos investigaciones relevantes para profundizar en el lugar central que deben ocupar los derechos humanos en la política fiscal
En enero de 2022, publicamos una serie de siete documentos que describen cómo diversos actores económicos distintos al Estado tienen claras obligaciones en la construcción y monitoreo de políticas fiscales que garanticen los derechos humanos. El autor, Juan Pablo Bohoslavsky, quien también es investigador de Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) e integrante de nuestro Comité de Expertos y Expertas, explica cómo empresas, organismos regionales e internacionales, universidades, centros de investigación, acreedores, jueces, entre otros, tienen en sus manos oportunidades de oro para conducir las políticas fiscales hacia escenarios que permitan combatir la pobreza y la desigualdad, así como promover la justicia en todos los campos.
Luego, en febrero, publicamos un artículo escrito por dos investigadores del Center for Inclusive Policy en el que, basándose en nuestros Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, orientan a tomadores de decisión, académicos, movimientos sociales y personas con discapacidad sobre cómo incluir la discapacidad en la formulación e implementación de las acciones que emprenden los gobiernos para obtener y asignar recursos públicos.
A estas publicaciones se sumaron tres más durante este 2022: María Goenaga, integrante del Comité de Expertos y Expertas de nuestra Iniciativa, reflexiona en un documento sobre cómo reforzar la moral tributaria en nuestra región. Meggy Katigbak, investigadora filipina experta en justicia fiscal y de género, escribió un artículo para nuestra Iniciativa en el que se refiere a la dirección que deben tomar las instituciones financieras internacionales con los países del Sur Global. Por último, en otro documento, con todas las organizaciones que hacen parte de nuestro Comité Impulsor, analizamos una serie de medidas fiscales tomadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México durante la emergencia sanitaria.
Desarrollamos nuestra Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos
Del 1 al 8 de agosto, las ocho organizaciones que hacemos parte de la Iniciativa, así como expertos y expertas, activistas y movimientos sociales nos unimos para darle impulso a los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Durante la Segunda Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos tuvimos cuatro eventos, una campaña en redes sobre la deuda externa argentina y un curso para periodistas y sociedad civil con el que abrimos debates y pensamos conjuntamente cómo promover medidas fiscales que den respuesta a las múltiples crisis que enfrenta la región. En estos espacios también reflexionamos sobre cómo los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal pueden servir para avanzar hacia economías que pongan a las personas y al planeta primero. La recuperación post-pandemia, las desigualdades que impactan a mujeres, personas LGBTQ+ y a personas con discapacidades, el debate regulatorio del cannabis, la crisis climática, entre otros temas, estuvieron en la programación.
Nuestros Principios hicieron parte de las agendas de importantes actores internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual correspondiente al año 2021, en el que compiló la situación de los derechos humanos en la región, con sus avances y desafíos. En el aparte del informe en el que la Comisión y la REDESCA se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los organismos celebraron la adopción y publicación de nuestros Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en la política Fiscal en 2021, y mencionaron que nuestra Iniciativa, “liderada por un conjunto de destacadas organizaciones y personas expertas de la sociedad civil regional”, constituyen una herramienta que coadyuva a la aplicación los estándares interamericanos en la materia “y resulta de utilidad, tanto para los órganos del sistema interamericano, como los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes”.
A su vez, dos organismos multilaterales los citaron durante discusiones relacionadas con cooperación internacional en la política fiscal y lucha contra la pobreza extrema. La primera tuvo lugar durante la sesión número 77 de la Asamblea General de la ONU (julio de 2022), en la que se transmitió un reporte de la experta independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa, Attiya Waris, titulado ‘Hacia una arquitectura fiscal global desde el punto de vista de los derechos humanos’. Basándose en nuestros Principios, Waris menciona que son “inequívocos” en el hecho de que las obligaciones de los Estados “van más allá de los esfuerzos unilaterales a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que la legislación y la política fiscal respeten y protejan los derechos humanos de las personas más allá de sus fronteras”. La segunda mención está en una declaración de la comisionada por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatović, frente al aumento de la pobreza extrema en el mundo, y en la que, haciendo referencia a nuestra Iniciativa, asegura que las políticas fiscales basadas en los derechos humanos “también pueden ayudar a encontrar alternativas adecuadas a la austeridad, previniendo así las crisis sociales, y ayudar a revertir la desigualdad, aliviando la carga desproporcionada que soportan las personas con bajos ingresos en algunos países”.
Nuestros principios dieron luz en coyunturas regionales
Nuestra región estuvo en vilo en septiembre con la votación de un plebiscito que le preguntaba a los ciudadanos chilenos si querían o no una nueva Constitución, pues seguía vigente la que dejó la dictadura del expresidente Augusto Pinochet. En ese momento de discusión ciudadana, nuestra Iniciativa le entregó a la subsecretaria de Hacienda de Chile, Claudia Sanhueza, nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, pues podían iluminar la ruta de una posible nueva Constitución en materia fiscal y de derechos humanos. Si bien el resultado del plebiscito fue negativo con ese propósito, también hicimos parte de un importante encuentro llamado #ReimaginaLa en el que 40 organizaciones, incluida la nuestra, contribuimos a pensar en el futuro de Chile y la región.
Luego fueron las elecciones presidenciales en Brasil en octubre. El país enfrenta un momento político, social y económico difícil de superar. El gobierno de Jair Bolsanoro (2019-2022) profundizó las divisiones entre quienes apoyan y no apoyan al Partido de los Trabajadores (PT), al tiempo que impuso una agenda económica radical que afectó seriamente las políticas sociales. Por eso, cuando llegaron las elecciones presidenciales y Bolsonaro se enfrentó al también expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, nuestra organización aliada Inesc le entregó nuestros Principios por los Derechos Humanos en la Política Fiscal al equipo encargado de la política económica de Lula. Con la victoria electoral de este líder, esperamos que nuestro documento sea una ruta para su próximo gobierno.
Al mismo tiempo, en Colombia, el nuevo gobierno de Gustavo Petro propuso una reforma tributaria progresiva que enfrentó múltiples obstáculos políticos y legislativos para ser aprobada. A través de nuestra organización aliada Dejusticia, le entregamos a la opinión pública información valiosa sobre cómo esa reforma podía incluir varios de nuestros principios.
Cerramos el año con un importante encuentro en Chile
Cerca de 400 personas que hacen parte de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo nos encontramos del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago de Chile para la conferencia #OFiP22 (Nuestro Futuro es Público), que buscaba desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos, y así garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de nuestras organizaciones estuvieron presentes en diálogos y construcción de propuestas colectivas. Destacamos el panel “Cooperación fiscal y derechos humanos ¿Cómo movilizar recursos para una transición verde y con perspectiva de género en América Latina?”, en el que nos acompañaron Liz Nelson, directora de Justicia Fiscal y Derechos Humanos de Tax Justice Network, y dos de los integrantes de nuestro Comité de Expertos: Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR), y Rodrigo Uprimny, de Dejusticia.
